El Anticounterfeiting Trade Agreement (ACTA) es un acuerdo organizado por la International Intelectual Property Association (IIPA) el acuerdo es formado por: Estados Unidos, la Unión Europea, Jordania, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Marruecos, Singapur, los Emiratos Arabes Unidos y Canada.

La forma tan inusual de llevar a cabo este acuerdo es lo que resulta polémico, pues se ha solicitado a los participantes estricta confidencialidad, en las sesiones de discusión ha participado el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y el propio Ejecutivo Federal, sin la participación del Senado y la  Sociedad Civil.

Otra situación que llama la atención es que este tipo de acuerdos internacionales generalmente eran convocados y organizados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sin embargo hasta a dicha organización se le ha dejado a un lado.

El acuerdo encuentra justificación a su actuar en la medida que se propone sea una medida a la altura de la piratería.

El acuerdo según lo publicado por la revista Proceso consiste en los siguientes puntos destacables:

1) Facultar a las autoridades judiciales para que sin denuncia puedan incautar material que presuntamente sea pirata, en ello se incluyen marcas que sean idénticas o similares a marcas registradas;

2) Aumentar las penas para quienes infrinjan derechos de autor y marcas registradas;

3) Solicitar a las empresas que prestan servicios de Internet que limiten a usuarios que compartan material de manera con contenido protegido por las Leyes de Derechos de Autor y Propiedad Industrial y que informen a las autoridades de la identidad de estos usuarios;

En el tercer punto anterior la polémica radica en una evidente falta a la privacidad, garantía que esta consignada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

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Lo que no es confidencial porque ya esta aprobado por la Cámara de Diputados es la persecución de oficio de los delitos y el endurecimiento de las penas. Por su parte el IMPI ha puesto a disposición del público una versión del contenido del ACTA que es la versión pública, se encuentra en: Anti-Counterfeiting Trade Agreement ACTA Version para publicación.